A inicios de la década de los noventa, el Banco Mundial anunciaba un giro en el campo de su política habitacional. El nuevo modelo implicaba la renuncia de los gobierno a su papel de proveedores de vivienda de costo accesible, para convertirse en facilitadores de la iniciativa privada.
Era el fin de una época en que, especialmente en América Latina, el Estado llevaba adelante una política pública en que la vivienda era considerada un bien social, un medio para construir una sociedad más justa. Se inauguraba, entonces, la época de la mercantilización de la vivienda, marcada por el choque dramático entre los derechos y el afán de lucro.
